CDI, el aval de Humberto Pedrero, el falso indígena

¿Cómo los operadores financieros del gobernador Manuel Velasco llegarán al Congreso de la Unión haciéndose pasar por indígenas? Aquí la historia.

Texto de Angeles Mariscal / Chiapas Paralelo 

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Para que Humberto Pedrero Moreno, ex secretario de Hacienda de Manuel Velasco, llegara al Congreso de la Unión a ocupar una curul que por ley corresponde a los pueblos originarios de la zona de Bochil, no le alcanzó haber falsificado documentos para hacerse pasar por indígena y ejidatario. Tras descubrirse su maniobra, tuvo que recurrir a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tejiendo una red de complicidades que ahora alcanzan a Roberto Serrano Altamirano, ex coordinador de comunicación social de Juan Sabines Guerrero, y titular de ese organismo; y a Roberto Aquiles Aguilar, ex secretario de Pueblos Indios del gobierno de Chiapas y presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Humberto Pedrero y Roberto Rubio Montejo, ex secretario Técnico -piezas clave en las operaciones financieras del gobierno de Manuel Velasco-, no podrían siquiera acceder a la candidatura de los distritos de Bochil y Las Margaritas, porque en estos lugares los representantes populares debían ser parte de los pueblos indígenas de la región.

El Instituto Nacional Electoral (INE), como una medida afirmativa a favor de los pueblos indígenas, determinó que para que este sector tuviera una representación real en la Cámara de Diputados, en 25 distritos del país donde la mayoría de la población es de los pueblos originarios, los candidatos tenían que demostraran documentalmente vínculos y arraigo con las comunidades. Dos de estos distritos son el de Bochil y Las Margaritas.

Para cumplir este requisito, Roberto Rubio Montejo y Humberto Pedrero presentaron documentos que presuntamente firmaron autoridades de las comunidades rurales Monte Grande, en Bochil; y Jerusalén, de Las Margaritas, en donde dice que son habitantes de estos lugares y que en los seis años previos a la elección, trabajaron como ejidatarios y en servicios comunitarios de los poblados.

La inscripción como candidatos de estos distritos se dio apenas un día antes de la elección, esperaban pasara desapercibido. Así hubiera sido si no es porque la Red Nacional Indígena –impulsora de la iniciativa nacional para que en los distritos con mayoría de población indígenas existiera una verdadera representación de los pueblos originarios- tiene bajo la lupa a los 25 distritos en los que el INE aprobó esta medida afirmativa.

La historia de las cartas para demostrar las raíces y vínculos indígenas  llegaron a los poblados Monte Grande y Jerusalén. En ambos casos las autoridades ejidales denunciaron que nunca presentaron tales documentos, que no conocen a los dos funcionarios porque no pertenecen a los ejidos y nunca han estado ahí.

En el caso de Pedrero, autoridades municipales de Bochil y ejidales de Monte Grande, dieron a conocer que tampoco tenían registro de que en ese lugar existiera alguien llamado Alejandro Escobar Núñez, nombre que aparece firmando como autoridad del poblado, en el documento a favor del funcionario. Para ello se trataba de la falsificación de documentos. Por ello interpusieron una demanda ante la Fiscalía del Estado de Chiapas, que quedó registrada con el número R.A.-0120-013-08-06-2018.

A la par de la demanda penal, la denuncia por falsificación de documentos fue presentada formalmente ante las autoridades judiciales, y sirvieron ambas para impugnar la elección. La Sala Xalapa del Tribunal electoral falló a favor de los demandantes –en juicios por separado- y les retiró las constancias de mayoría.

Pero Rubio Montejo y Humberto Pedrero apelaron a la Sala Superior, cuyos magistrados sesionaron el fin de semana y revocaron estas sentencia, devolviéndose los dos secretarios de Manuel Velasco las constancias como diputados federales electos.

En el primer caso, el de Rubio Montejo, el argumento para validar la elección fue que la impugnación en su contra había sido interpuesta fuera del tiempo que marca la ley. En la sesión la magistrada presidenta del Tribunal, Janine Madeline Otálora, dijo que “la Sala Regional (del Tribunal) no debió ni siquiera admitir el juicio”. Ninguno de los magistrados analizó el fondo de la impugnación, con solo el argumento de la extemporaneidad votaron a favor del ex funcionario y validaron su elección como diputado federal.

El caso de Humberto Pedrero tuvo otro rumbo. El TEPJF no analizó el caso durante la sesión pública, ningún magistrado quiso tomar la palabra para debatir. Como mero trámite, se leyó la sentencia y se voto a favor de ella por unanimidad, dando por válidos los documentos que llevan el nombre de Alejandro Escobar Núñez como autoridad de Monte Grande, y donde se señala que Pedrero es ejidatario indígena miembro de esa comunidad.

El dictamen dice que “la perspectiva intercultural debe analizarse de manera mas flexible”, y que hay demasiada rigurosidad en las reglas probatorias de los vínculos y raíces indígenas. En otro apartado señala: en la especie está aprobado que los documentos se emitieron por autoridades indígenas quienes dan cuenta que el candidato (Humberto Pedrero) que obtuvo el triunfo en las urnas es indígena, y ha llevado a cabo diversos trabajos y servicios de interés para la comunidad indígena”.

Si las autoridades municipales de Bochil, y ejidales de Monte Grande denunciaron que Alejandro Escobar Núñez, no es autoridad de la localidad, no habita en el poblado y ni saben de sus existencia, ¿con qué argumento  el TEPJF sostuvo su dictamen? Es ahí donde entró la CDI.

Con fecha del 17 de agosto de 2018, una semana antes de que el TEPJF sesionara, la CDI envió a Indalfer Infante González, magistrado de la Sala Superior del Tribunal, el oficio DCHIS/2018/OF/2488. En el mismo señala que según registros de esta dependencia, Alejandro Escobar Núñez “fue autoridad tradicional indígena en el municipio de Bochil, Chiapas”.

Carta de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al TEPJF

Presenta como prueba dos oficios, uno del 23 y otro de 25 de octubre de 2017, ambos dirigidos a Roberto Serrano Altamirano, ex director de comunicación y relaciones públicas del ex gobernador Juan Sabines, y ahora director general de la CDI.

Estos oficios son firmados a su vez  por Roberto Aquiles Aguilar Hernández, otro político priista y ahora dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas.

Aguilar es reconocido en el municipio de Ixtapa –que forma parte del distrito electoral de Bochil- por ser cabeza de una estirpe de caciques que ha gobernado la región desde 1999, primero él como alcalde, luego a través de su primo, y ahora, por segundo periodo consecutivo, mediante su hijo Roberto Jordán Aguilar Pavón; también su hija, Iris Adriana Aguilar Pavón, es diputada local electa.

Acusado por habitantes de la región de imponer su cacicazgo con horca y cuchillo, Aquiles Aguilar ocupó el cargo de Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del gobierno de Manuel Velasco. Bajo esta investidura, según los documentos entregados al TEPJF, Aquiles Aguilar pide a Roberto Serrano considerar las gestiones de Alejandro escobar Núñez, persona que según los oficios, presenta a la CDI como comisariado ejidal de Monte Grande.

Estas cartas, según la CDI, son la prueba de que Alejandro escobar Núñez es la autoridad en el ejido. Son las pruebas a las que los magistrados del Tribunal quisieron asirse para tratar de justificar lo que a todas luces es producto de un pacto extrajudicial para que quienes fueron operadores financieros del gobierno de Manuel Velasco, lleguen al Congreso de la Unión.

Mi duda personal es: ¿Dónde está Alejandro Escobar Núñez?