Votar en tiempos de violencia

Elección histórica. Así se define a las votaciones de este domingo para elegir al nuevo presidente de México. Pero el camino a las urnas deja una estela de sangre, el asesinato de al menos 130 políticos y candidatos. Una cifra escandalosa que nadie, en este país vacunado contra la violencia, parece tomar en serio

Texto: Estrella Pedroza 

Es el proceso electoral con más violencia de los que se han registrado en la historia reciente de México. A las votaciones de este 1 de julio el país llega con 130 asesinatos de políticos y funcionarios.

Desde el día uno de la contienda, el pasado 8 de septiembre, de manera paulatina ocurrieron agresiones como asaltos con violencia, secuestros, ataques con armas de fuego, golpes, intimidaciones, amenazas y lo más grave, asesinatos.

Se publicó cotidianamente en los medios. Pero la consultora Etellekt reunió la información en su estudio Índice de violencia política en México. Es el único documento de este tipo que existe en el proceso electoral, el más grande en la historia del país.

Hasta el 25 de junio, según el informe, ocurrieron más de 500 agresiones, incluso asesinatos, en 31 estados. Puebla se ubicó en primer sitio con 64 incidentes, seguido por Guerrero con 53, Veracruz  con 42, Oaxaca con 41 y Estado de México con 40. 

¿Y qué han hecho las autoridades electorales? Condenar los asesinatos – a mediados de junio, cuando ya iban más de 100- y sumarse al Hashtag #AltoALaViolenciaPolítica, impulsado por la sociedad civil y academia.

El viernes pasado, en entrevista con Animal Político, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova informó que en el proceso hubo 27 sustituciones de candidatos debido a los homicidios. Es “preocupante”, dijo el funcionario, quien sin embargo piensa que los niveles de violencia alcanzados contra los actores políticos durante esta campaña fueron “reflejo del contexto cotidiano”, pero no hay elementos para asegurar que “tuvieran el propósito de descarrilar el proceso electoral”. 

Menos de 24 horas después, nada más como para desmentirlo, decenas de puentes peatonales de Acapulco, Guerrero, fueron tapizados con mantas de amenazas “a quien se sorprenda encausando el voto para un partido político”.

Precisamente Guerrero es el estado más sangriento. Allí se registraron 28 asesinatos. Entre las víctimas aparecen líderes de partidos políticos, exdiputados federales y locales, activistas, promotores del voto, alcaldes, exalcaldes, precandidatos y candidatos. La mayoría militaban en los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

El primero en perder la vida fue  Dagoberto Domínguez Acevedo, regidor del Ayuntamiento de Zitlala. El 18 de diciembre año pasado fue atacado a balazos mientras viajaba en una unidad de trasporte público. 

Otras víctimas son Abel Montufar Mendoza, aspirante del PRI a diputado local por el distrito 17. Primero fue secuestrado  durante una balacera en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso y luego apareció sin vida en la región de Tierra Caliente. Era  alcalde con licencia del municipio de Coyuca de Catalán. Fue el décimo candidato asesinado en la zona hasta ese momento. 

El 28 de junio Jorge Luis Vargas Díaz, encargado de la estructura electoral del PRD, fue asesinado a balazos en la casa de campaña de Antonio Hernández Godínez, candidato del PRD a la alcaldía de Chilapa. 

El segundo lugar en número de asesinatos es Oaxaca con 25 casos en la campaña electoral. La mayor parte de las víctimas pertenecen al PRI, aunque también hay víctimas que contendían por el sistema de usos y costumbres.

Uno de los ataques más escandalosos ocurrió en el centro de Juchitán de Zaragoza el 2 de junio. La víctima fue Pamela Zamari Terán Pineda, quien fuera candidata independiente a la presidencia municipal. En el ataque fallecieron dos personas más entre ellas María del Sol Cruz Jarquín,  fotógrafa e hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar.

El 25 de junio  militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que acompañaban a Emigdio López Avendaño, candidato a diputado local por la coalición Juntos Haremos Historia, fueron emboscados en la población de Yogana Ejutla. Murieron todos.

Puebla es el tercer lugar en el índice de homicidios políticos de Etellekt con 13 hasta ahora. Como en otros estados del país la mayoría de las víctimas eran militantes del PRI.

Un ejemplo es la muerte de Gustavo Gómez Álvarez el 16 de marzo. El político era candidato a la alcaldía de la capital poblana. Un grupo de hombres armados le dispararon mientras almorzaba  en el centro de la cabecera municipal, Metlaltoyuca. 

El 2 de junio Juana Maldonado Infante, candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del distrito 2 con cabecera en Huauchinango,  Erika Cázares regidora del municipio de Juan Galindo, fueron asesinadas. 

Ambas regresaban de un acto proselitista en la comunidad de Patla, municipio de Jopala, cuando fueron atacadas con armas de fuego. 

El cuarto lugar en el índice de políticos asesinados es para Veracruz con ocho casos. Las víctimas fueron alcaldes, exregidores, excandidatos  entre otros. El 50% eran priistas. 

El 67% de las víctimas fueron agredidas por un comando armado. De ellas 48 eran precandidatos o aspirantes a un puesto de elección popular.

Amigos y familiares al ex-diputado y candidato a la presidencia municipal de Cuatitlan Izcalli, Francisco Rojas, quien fuera asesinado. Fotografía: Saúl López / Agencia Cuartoscuro

Delincuencia y elecciones

La violencia en la contienda electoral de 2018 trasciende fronteras. La Organización de las Naciones Unidas es un ejemplo. Una muestra es Giancarlo Summa, director del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana.

“Estamos conscientes de los desafíos que enfrenta México en estas elecciones”, dijo el pasado 26 de junio. “Por nombrar algunos: la política violencia electoral que alcanzó niveles jamás vistos en elecciones anteriores”.

Un reto que parece enorme. La elección presidencial es la más grande de la historia pues se disputan más de 3,400 puestos en distintos niveles. Hay 18,289 candidatos. El padrón electoral supera los 89 millones, y según empresas encuestadoras se espera que al menos 53 millones de ellos voten el 1 de julio.

Es alta la posibilidad  de conflictos en zonas rurales o regiones con presencia de delincuencia organizada, aunque en algunos casos existen conflictos previos entre grupos políticos, religiosos o contra caciques dice el especialista en seguridad Alejandro Hope.

Oaxaca es un ejemplo. Allí existen desde hace décadas conflictos agrarios, por disputas de bosques, yacimientos de agua, ríos, límites territoriales, caminos, pastizales, mercados sobre ruedas, iglesias y hasta por el nombre de pueblos y comunidades.

La Junta de Conciliación Agraria del estado dice que son 364 de los cuales 32 se consideran como de alto riesgo. La realidad es hay más conflictos de los que las autoridades quieren reconocer.

Además de Oaxaca hay zonas “donde la presencia del crimen organizado y diversificación de actividades, cada vez más local, generan violencia por el simple interés de seguir operando con tranquilidad”, insiste Hope. 

Es el caso de Michoacán, Guerrero o Jalisco donde hace varios años los carteles de narcotráfico ampliaron su actividad a otros delitos, como secuestro, extorsión, robo de combustible, esclavitud sexual, falsificación de moneda, despojos territoriales o asaltos a gran escala de mercancía en las carreteras.

 “En estas actividades el control de  gobierno local es  primordial, el gobierno local tiene información, es una fuente de músculo de ingresos de manera directa o indirecta a través de  contratos y por eso se vuelve más político un foco para la colusión política y delincuencia organizada”, recuerda Hope.

Es una cara de la violencia en la contienda electoral dice Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

En muchos casos “los  delincuentes actúan contra las  autoridades o futuras autoridades  que pueden prestar  protección a un grupo determinado  y cuando un grupo rival se dan cuentan que le está dando  protección es cuándo actúan”.

Otra pasibilidad es que “algún funcionario que está haciendo su trabajo pero afecta a la delincuencia organizada o que el ex funcionario que estuvo en ese puesto llegó a algún acuerdo y ya no se está cumpliendo”.

Al final el interés de las bandas criminales no es conocer al candidato ganador en los comicios, sino la certeza de que pueden operar y mantener su actividad. “Por eso es que buscan a  un candidato para negociar y si se niega o ya negoció con otro se pone en riesgo al grado de perder la vida”.