La alternancia no mitigó la devastación en el estado más asolado del país. Ahora, mientras los políticos de todos los partidos pronuncian sus discursos con promesas de seguridad y paz, en las calles la violencia no para: por lo menos 400 personas han sido asesinadas en este tiempo de campañas, y la cuenta sigue corriendo
Fotografías: José Manuel Jiménez y Agencia Cuartoscuro
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En este lugar todas las promesas de campaña electoral comienzan o terminan con las palabras: seguridad, rescate y paz. Estos tres vocablos están en las propuestas y los discursos de los candidatos de todos los partidos y coaliciones. Ellas y ellos, aspirantes al Congreso de la Unión o a los ayuntamientos, repiten: rescate, seguridad, paz. Mientras pronuncian sus discursos, en las calles, por lo menos, 400 personas han sido asesinadas. La cuenta sigue corriendo y, hasta ahora, ninguna de las víctimas ha sido integrante de un partido político.
La violencia e inseguridad no son novedad para los tamaulipecos. En esta entidad norteña fueron asesinadas 14 mil 313 personas entre 2006 y 2017 y la mitad de esos homicidios fue intencional, indican los informes oficiales. Tampoco es la primera ocasión que la violencia pone en peligro el proceso electoral: desde 2010, a partir de la ejecución de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cada elección ha sido amenazada por acciones de la delincuencia organizada, el Ejército y grupos policiacos.
Pero ahora, los tamaulipecos acompañan la inseguridad con la desilusión. El 1 de octubre de 2016, después de 86 años, el PRI dejó de gobernar Tamaulipas. El panista Francisco García Cabeza de Vaca, ganó la elección con casi 193 mil 430 votos y tomó protesta con la promesa de pacificar la entidad.
En campaña, García Cabeza de Vaca había ofrecido buscar a más de 6 mil personas desaparecidas, sancionar a los funcionarios corruptos y combatir a secuestradores y sicarios. Pero un año y medio después, los resultados son desastrosos: en 19 meses, la Procuraduría de Justicia estatal registró dos mil 533 homicidios, y sólo en 2017 el récord de asesinatos se rompió, con mil 624 casos.
La ruta mortal continúa este año: el 13 de enero el periodista Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado a puñaladas frente a su hija y nietas en Nuevo Laredo, donde desaparecieron 31 personas entre febrero y mayo. Marinos asesinaron a una madre y sus dos hijas en marzo y al finalizar mayo, el reportero Héctor González Antonio murió a golpes. El 4 de junio fue asesinado a tiros Hiram Sáenz Martínez, hermano del jefe de la Oficina del gobernador. Y una semana después, Jesús Antonio Hernández Martínez, estudiante de secundaria, murió por una bala perdida que entró al patio de su secundaria, en Reynosa.
Los logros que los panistas presumen —las detenciones de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores — no son propios. Y ninguno de los dos enfrenta a la justicia mexicana.
En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba (gobernador de 1999 a 2005) fue aprehendido por tráfico de drogas y otros delitos en Florencia, Italia, gracias a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Seis meses después, en Ciudad Victoria, Eugenio Hernández (2005-2010) fue capturado como presunto responsable de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El primero fue extraditado en abril de este año a la Corte del Distrito Sur de Texas, donde enfrenta cargos por extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. Hernández Flores se resiste a la extradición, por medio de múltiples juicios de amparo.
Lo que sí hizo la Fiscalía especializada estatal fue aprehender al exalcalde del municipio San Carlos, Samuel Rodríguez Urbina, acusado de desviar recursos públicos, y a Pablo Zárate Juárez, exfuncionario estatal que presumiblemente colaboró con los exgobernadores en actividades ilícitas. Pero los enfrentamientos y asesinatos no cesan.
En el primer mes de campañas solicitaron seguridad seis candidatos a distintas alcaldías: la independiente Nayma Karina Balquiarena, en Victoria; Elda Rangel, en Jiménez; el panista Enrique Rivas en Nuevo Laredo; y los candidatos de “Por Tamaulipas al Frente” en Victoria, Jaumave y Abasolo Xicoténcatl González Uresti, César Rodríguez, y Humberto Saldaña. La policía estatal los protege con patrullajes en el perímetro de los actos y con policías disfrazados de militantes que caminan cerca de los aspirantes.
Con este panorama, los tamaulipecos elegirán este 1 de julio a 43 alcaldes, 2 senadores y 9 legisladores federales. Es la primera vez que se permite la reelección de jefes de ayuntamiento y 25 de los 43 presidentes municipales buscan continuar en el poder.
Así, 3 mil 440 candidatos de partidos, coaliciones e independientes piden el voto a más de 2 millones 629 mil ciudadanos que forman la lista nominal. De ellos, hay 17 “independientes”. Los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza presentaron candidatos a alcaldías sin aliarse con el PRI, como lo hicieron a nivel nacional. Y la paridad de género no fue respetada pues no hay equilibrio entre mujeres y hombres propietarios de las planillas a ayuntamientos, según los datos el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
En Matamoros, Reynosa, Victoria y Tampico se han presentado denuncias de compra de voto, según reportó la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. En tanto que la Misión Internacional de Observación Preelectoral en Tamaulipas encontró indicios del uso de la estructura de los gobiernos federal y estatal para presionar a los beneficiarios de los principales programas sociales.
PAN: nepotismo a prueba
Esta elección es una puesta para el Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente gobierna 26 ayuntamientos y tiene el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y dos curules del Senado. Lo único que no tiene son las diputaciones federales, hoy en manos de los priistas.
Para obtener esos espacios, el gobernador intentó pactar un gran frente, integrando a Nueva Alianza y el Verde Ecologista. Pero el plan fracasó, y solamente se unió a Movimiento Ciudadano (MC), que es la segunda fuerza electoral estatal, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tuvo una votación menor al 3 por ciento en la elección de 2016.
La dirigencia panista permitió a García Cabeza de Vaca que la figura de la campaña fuera su hermano menor, Ismael, quien se registró de última hora para la candidatura al Senado y la obtuvo con facilidad. Con eso, dejaron de lado el acuerdo, firmado en 2016, para que los exalcaldes Carlos Canturosas Villarreal y Leticia Salazar fueran aspirantes.
Otro caso de nepotismo apunta a César Verástegui Ostos, titular de la Secretaría General de Gobierno, quien impuso a su hermano Vicente para la candidatura a diputado federal por el distrito 6. Para postularse, Vicente Verástegui pidió licencia de alcalde de Xicoténcatl. La actual candidata a la presidencia municipal es su esposa Noemy González.
Reynosa fue el único municipio donde el gobernador encontró una oposición a sus planes: quería postular a Jesús María Ibarra Moerno, pero la alcaldesa con licencia, Maki Esther Ortíz Domínguez se impuso en la interna y ahora busca la reelección del municipio con más habitantes y electores del estado. Sin embargo, enfrente tiene a un cuñado del gobernador, José Ramón Gómez Leal, quien en la elección pasada fue el candidato independiente con mayor votación y ahora compite por la coalición Juntos Haremos Historia.
El PAN busca prolongar los gobiernos en San Fernando, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Altamira, González y El Mante. No así Hidalgo, Mainero y Villagrán tres municipios pequeños que gobiernan María de Lourdes Domínguez Walle, María Dolores Cuellar Luna y Blanca Elizabeth Rodríguez González, respectivamente.
En 2016, ellas fueron candidatas únicas porque los demás aspirantes renunciaron argumentando presión de grupos armados. En estas localidades opera la columna armada “Pedro J. Méndez”, un grupo autoproclamado como “autodefensa”. Ahora, el PAN decidió no postular a ninguna de las tres alcaldesas y el grupo armado amagó con darle su apoyo al Partido Nueva Alianza.
La dirigencia panista ha sido la única víctima de un ataque violento en el proceso electoral. El 7 de junio fue rafagueada la sede del PAN en Ciudad Victoria. No hubo personas heridas. Un automóvil y el edificio fueron los daños materiales. El comité panista condenó el ataque y dijo que “este hecho conduce a generar temor y desconfianza”. Pero nadie en el gobierno estatal ha hablado públicamente de la agresión.
El 15 de junio, una mujer y un hombre pintados de azul, desnudos y con las leyendas escritas en el cuerpo: “Dame tu IFE” y “Vota PAN por $500” fueron obligados a caminar por la plaza principal en Nuevo Laredo. La versión extraoficial indica que personas no identificadas detectaron a la pareja ofreciendo dinero a cambio de credenciales de elector en un parque. Por eso las exhibieron. Pero al igual que en el ataque armado, nadie en el gobierno estatal ha hablado públicamente de este hecho.
En el tramo final de las campañas, García Cabeza de Vaca se ha unido a los eventos de los candidatos a alcaldes. El 11 de junio acudió al acto de Carlos García, aspirante a la alcaldía de Matamoros. En su discurso, el gobernador rememoró la pasada elección y el rompimiento de 86 años del PRI en el poder. Los panistas revivieron los cuernos (señal con la mano) en referencia a su apellido materno, que en las pasadas elecciones representó la esperanza de cambio.
PRI: revivir o morir
Hace seis años el PRI en Tamaulipas era ganador en las elecciones locales y perdedor en las federales. Hoy el PRI simplemente es perdedor. En realidad, el declive priísta comenzó en junio de 2010, con las ejecuciones del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, su secretario Enrique Blackmore Smer y los auxiliaries Gerardo Sotero, Rubén López Zúñiga y Francisco David López Catache. Torre Cantú era el virtual gobernador y su homicidio dividió a la militancia.
Ahora, el priismo tamaulipeco juega a conveniencia. En los últimos tres comicios para renovar la presidencia, el voto ha sido cruzado: para presidente por el PAN y para diputados y senadores por el PRI.
En 2000, en pleno mandato de Tomás Yarrington, Vicente Fox avasalló en Tamaulipas al conseguir 47.45 por ciento de los votos (75 mil sufragios más que el priísta Francisco Labastida). En cambio, el PRI ganó 8 de las 13 diputaciones federales en disputa.
Entre los ganadores estaba quien después sería gobernador: Eugenio Hernández Flores, uno de los políticos priistas que Andrés Manuel López Obrador acusó de participar en la operación en su contra en 2006. (Al resultado electoral le precedió la publicación del audio de una llamada entre Hernández Flores y la líder magisterial, Elba Esther Gordillo en la que, durante la jornada electoral, le recomienda al gobernador definirse. En segundo audio se oye al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, decir al mandatario: “Pues muy agradecido, creo que sobregiraste”).
En 2006, el panista Felipe Calderón obtuvo 41.29 por ciento de los votos del estado; López Obrador, que entonces competía con las siglas del PRD, sumó 22.45 puntos porcentuales; y el PRI, representado por Roberto Madrazo Pintado, quedó en tercer lugar. Sin embargo, las diputaciones se dividieron — 7 para el PAN y 5 para el PRI — y el PRI mantuvo los gobiernos municipales.
En 2012, a pesar de que de que fue el año en el que el PRI regresó al poder, el 41.74 por ciento de los tamaulipecos votó por la panista Josefina Vázquez Mota, quien obtuvo 199 mil votos más que Enrique Peña Nieto. El efecto de la derrota fue la segregación de Tamaulipas en el panorama del gobierno federal.
La crisis del priismo tamaulipeco se acrecentó con la victoria del PAN en 2016. La pérdida del poder provocó renuncias de la militancia y choques entre los liderazgos, principalmente entre los exgobernadores Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú. La captura de Hernández Flores facilitó a Torre Cantú tomar el timón. Pero la inmovilidad priista se refleja en las caras de las candidatas y los candidatos, los mismos de los anteriores procesos electorales.
Un personaje clave en el oscuro presente tricolor es Alejandro Guevara Cobos, quien ha sido coordinador de información del CISEN y encargado general de giras presidenciales, y por su cercanía con Los Pinos consiguió la candidatura al Senado. Priista hasta la médula, Guevara Cobos lidera los esfuerzos por conservar las catorce alcaldías y las ocho diputaciones priistas. Las peleas más cerradas están en Matamoros, Victoria y Tampico, donde los alcaldes Jesús de la Garza Díaz, Oscar Almaraz Smer y la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, respectivamente, quieren alargar sus mandatos y enfrentan a candidatos cercanos al gobernador.
Los priistas tamaulipecos han asomado la cabeza en las giras de José Antonio Meade, pero no se les nota convencidos del candidato. Quienes sí lo presumen son sus familiares en Matamoros, fundadores del grupo “Tamaulipecos con Meade”. Los militantes se reunieron en la visita del presidente nacional René Juárez. El guerrerense alardeó y fue franco con los suyos. “No hay tiempo para lamentarnos, con lo que tenemos, nos vamos a rascar con nuestras propias uñas”, les dijo y se marchó.
Morena: fichajes reciclados
Hace dos años Andrés Manuel López Obrador comenzó a labrar la dura tierra tamaulipeca rumbo al 2018. El tabasqueño sabía que el norte era un territorio hostil para sus aspiraciones. El 29 de marzo de 2016 visitó Río Bravo para presentar su libro “Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido?” y allí, frente a dos centenas de norteños, dijo: “Esto de Catarino demuestra también que en el norte hay mucha vocación libertaria, porque se puede pensar que la lucha social o democrática solo se da en el centro o en el sur del país, no en el norte”.
Han pasado 27 meses y algunos tamaulipecos han cambiado su opinión sobre el fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Desde la precampaña López Obrador dirigió discursos ante miles de personas. En la primera semana de campaña el candidato visitó la frontera norte para destapar y defender a sus preferidos a las alcaldías.
El partido es operado por el experredista Héctor Martín Garza González, quien fue el cuarto candidato más votado en la pasada elección a gobernador y diputado local a modo para los priistas. López Obrador encontró otro tamaulipeco que se alió a sus aspiraciones: Abdies Pineda Morín, político nacido en el municipio Gustavo Díaz Ordaz y dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES).
Ya con la coalición Juntos Haremos Historia firmada, Héctor Garza y Abdies Pineda, a través del ex priista Rigoberto Rodriguez Rangel, seleccionaron a los posibles candidatos a las 43 alcaldías. En los municipios y distritos más importantes la alianza postuló a exmilitantes del PRI y para controlar los daños o evitar traiciones, López Obrador nombró a Ricardo Monreal Ávila encargado de la operación electoral.
Los fichajes de Morena abarcan todos los perfiles del priismo tamaulipeco. La lista es larga: Américo Villarreal Anaya, hijo de un ex gobernador priísta; Felipe Garza Narvaez, quien ocupó decenas de puestos y cargos partidarios; Ramón Garza Barrios, el ex alcalde que dejó una deuda de más de mil millones de pesos en Nuevo Laredo; Olga Sosa Ruiz, Erasmo González, Eduardo Gattás, Rigoberto Garza Faz, Daniel Sampayo y Rosa Muela Morales, todos con renuncias recientes al PRI. La contratación estrella es José Ramón Gómez Leal, empresario y cuñado del gobernador.
Morena no tiene nada que perder en Tamaulipas porque nada tiene. En 2016 apenas logró 32 mil votos. La segunda circunscripción —que incluye Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas— es la que menos votos ha aportado a Morena.
A finales de mayo, se enfrentó con el gobernador Cabeza de Vaca tras pedirle que no interviniera en el proceso electoral. “Andrés le manda decir al gobernador que no se meta”. El mandatario respondió: “Yo le recordaría a él (a Monreal) que lo corrieron de la Ciudad de México por corrupto. Por eso no fue candidato al gobierno de la Ciudad de México”.
Monreal contestó en un video con un duro mensaje: “No voy a permitir que un gobernador como él esté difamando (…) Tengo expedientes, lo recordarás gobernador, de 2009, de la averiguación de la SIEDO, la 012, y sabes muy bien a lo que me refiero. No sé por qué estás gobernando. No sé por qué estás impune (…) No les tengo temor. No soy tu lacayo ni tu bufón. No te estás enfrentando con uno de tus lambiscones. Te voy a enfrentar con la ley en la mano”.
En la semana siguiente, Monreal se limitó a denunciar que los candidatos han sido amenazados. Sin embargo, de los 70 candidatos a regidores, síndicos y alcaldes que habían renunciado hasta el 20 de mayo pasado, ninguno era de Morena.
El jueves 21 de junio, un día antes del cierre de campaña de López Obrador en Ciudad Victoria, la coalición Juntos Haremos Historia presentó un video para demostrar la incidencia del gobierno de Tamaulipas en las elecciones. Renato Molina Arias, enlace del comité de Morena en la entidad, dijo que solicitaron al Instituto Nacional Electoral que atraiga la elección y a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade) que investigue las denuncias sobre la compra y coacción del voto.
