La prolongada guerra contra el narcotráfico provocó el desplazamiento forzado interno de cientos de miles de personas, pero ninguno de los candidatos presidenciales habla de ellos. Es una doble tragedia: al drama de huir por la violencia se suma la invisibilidad que ahora sufren de la contienda electoral
Fotografía: Jacob García / Agencia Cuartoscuro
Una balacera que duró seis horas orilló a Adriana a abandonar la ciudad en donde creció y nacieron sus tres hijos: Poza Rica, al norte de Veracruz. Era 2011, sus hijas tenían nueve y siete años y el más pequeño, apenas meses. Adriana rememora el enfrentamiento: estaban en el departamento de sus padres; no sólo hubo disparos, también se escucharon explosiones. Al llegar la Marina, los oficiales amenazaron a los hombres de las viviendas cercanas al sitio donde buscaban a los delincuentes. El llanto de las hijas, que aumentaba con las detonaciones, fue incontrolable cuando pensaron en el posible destino de su abuelo, el único adulto hombre que las acompañaba.
El operativo terminó con su familia a salvo, pero poco después Adriana huyó con sus hijos al estado de Querétaro. Este evento fue el punto de inflexión para ella, como otros hechos violentos lo han sido para cientos de miles de mexicanos que dejan sus hogares, avasallados por grupos armados (legales o ilegales). A estas migraciones, ocurridas en el mismo territorio nacional, se les llama desplazamientos internos forzados.
Se calcula que, en los últimos 12 años, 330 mil mexicanos han abandonado su hogar por motivos de seguridad. Pero ninguno de los aspirantes a presidente de México ha asumido una postura ante el desplazamiento forzado. Las campañas están en la recta final, y en el último debate, el 20 de mayo, los candidatos reconocieron someramente algunos de los problemas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero no mencionaron que miles de ellos dejaron el país huyendo de la violencia y mucho menos hablaron del desplazamiento forzado de quienes permanecen en México.
En el evento “Agenda de paz, seguridad, verdad y justicia”, al que organizaciones y víctimas de la violencia convocaron a los candidatos presidenciales para exponer sus agendas en materia de seguridad, ningún participante relacionó el desplazamiento de la población a la estrategia de combate. Y si no es tema en la agenda del próximo gobierno federal, mucho menos de los gobiernos locales.
“Hemos insistido, pero no hay grupos políticos interesados en la temática”, comenta Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Registros independientes
Hasta 2010, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) estimó que 230 mil personas huyeron de sus casas a consecuencia de la violencia desatada en 2006 por la ofensiva militar del gobierno Federal en contra los cárteles de la droga en México. De acuerdo con esta estimación, la mitad de los desplazados migraron al país del norte, Estados Unidos. Otros 115 mil se movieron de municipio o estado, pero permanecieron en territorio mexicano, lo que los identifica como desplazados internos.
El IDMC analizó este fenómeno, mayormente visible en los estados del norte, diferenciándolo de otros procesos migratorios históricos en los estados fronterizos. La huida de las personas la identificaron de dos formas: de “gota a gota”, es decir, en grupos pequeños de personas, y de manera masiva, en ocasiones de poblaciones de municipios completos.
Los datos actualizados los tiene la CMDPDH, que calcula casi 330 mil víctimas, de diciembre de 2006 a la fecha. Lo anterior significa que, a lo largo de 11 años, un promedio de 82 personas huyó diariamente de su casa.
“Iniciamos con el monitoreo para identificar los efectos de la llamada guerra contra el narco y nos dimos cuenta de que no podíamos disociar otras causales como violencia política o conflictos territoriales”, dice Brenda Pérez para explicar que consideran como causa del desplazamiento cualquier evento violento que lleve a las personas a emigrar de su municipio o estado.
Además, la CMDPDH sólo puede monitorear los desplazamientos masivos, difundidos por medios de comunicación. Conocer una a una las historias de quienes, como Adriana, huyen con su familia sin dejar registro, es casi imposible. La cifra real de estas víctimas invisibilizadas de la violencia en México es tan solo estimable.
“Crisis humanitaria desatendida”
Gerardo creció en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, que para 2010 contaba con poco más de 57 mil habitantes. En 2014, salió del lugar en búsqueda de trabajo y se asentó en Querétaro con su hermano mayor. Sus padres se quedaron en Acámbaro, pero, hace meses, los hermanos decidieron llevárselos con ellos como una “precaución”, dice Gerardo, por la violencia que se vive en su ciudad natal. Conforme rememora, narra una serie de hechos que los orillaron a tomar esa decisión: la desaparición de amigos cercanos, el secuestro de pequeños empresarios, las extorsiones a los comerciantes, la llegada de los militares al municipio y el implícito toque de queda. Cuando enumera todo lo anterior, Gerardo duda de las razones que lo llevaron a abandonar Acámbaro y se corrige: no sólo se fue en búsqueda de oportunidades laborales, se fue por la violencia.
A pesar de que el desplazamiento interno forzado es un problema grave y persistente en México, la primera negación del Estado es que no exista un diagnóstico oficial del fenómeno. La cuestión ha sido ignorada reiteradamente tanto por gobiernos locales como por el federal, y como botón de muestra lo siguiente: la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó durante dos años consecutivos (2014 y 2015) la visita de Chalona Beyani, ex relator especial sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos de Naciones Unidas.
Otros organismos públicos con injerencia, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Social, y el Consejo Nacional de Población, han navegado por años bajo la misma lógica de la negación.
Dentro de las pocas autoridades que han reconocido el problema está la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en septiembre de 2017 mencionó por primera vez el desplazamiento interno forzado como un resultado de la falta de seguridad, con la recomendación 39/2017 sobre el caso de más de dos mil desplazados de Choix, Sinaloa.
Actualmente, la CNDH ya considera el desplazamiento interno forzado una “crisis humanitaria desatendida”, e incluso publicó un protocolo para la atención de las víctimas, pero sigue siendo una violación de derechos poco reconocida, tanto por la población, como por las instituciones.
“Nos acostumbramos tanto a la violencia hasta que lo vimos como algo normal y nos fuimos cuando incrementó, tanto por la falta de trabajo como porque no estábamos tan seguros como pensábamos”, reflexiona Gerardo.
Sin agenda
Han pasado casi ocho años desde que Adriana tuvo que huir por primera vez de su casa en Poza Rica. En ese lapso se mudó dos veces más de estado. Cada vez, la inseguridad fue la razón principal para dejar su casa. En la última de las huidas sus padres salieron con ella. Su papá, un jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex), era extorsionado en Poza Rica por lo que decidió vivir en Tampico, a donde Adriana volvió en 2013 después de ser asaltada en Querétaro. Pero en esa ciudad tamaulipeca, durante la Semana Santa de 2014, sufrieron el momento más álgido de inseguridad, cuenta: la suspensión de clases y un tácito toque de queda los forzaron nuevamente a dejar el hogar. En este ir y venir, los padres de Adriana dejaron dos inmuebles en los que no pueden vivir, pero tampoco pueden vender. Es común, según les han contado, que la gente al intentar hacerlo sea secuestrada o despojada del inmueble o el dinero cobrado en la venta.
Brenda Pérez, de la CMDPDH, explica que ni el desplazamiento en sí ni las otras violaciones de derechos que acarrea —como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la vivienda digna— son asumidos o reconocidos. Esto sucede, entre varias razones, porque en México no existe un marco jurídico que proteja y atienda a la población desplazada interna.
“No se visibiliza que es una violación de derechos humanos autónoma, y eso genera que la gente no detecte que es desplazado y se mantenga en silencio el fenómeno. El desplazamiento suele ser lo último de un proceso largo de victimización, cuando ocurre es porque ya había una afectación continua. No se denuncia, no se habla, no se exige”, señala.
En 1998, en la Cámara de Diputados surgió la primera iniciativa legislativa relacionada con el tema: la “Ley general para personas desplazadas internamente”. A pesar de que este no es un fenómeno que apareció en México con la ofensiva gubernamental contra grupos criminales iniciada en 2006, sí es partir de entonces que incrementó de manera dramática. Para el año 2012 vuelve a impulsarse en el escenario legislativo con la “Ley general para la prevención y atención del desplazamiento interno”, esta vez surgida en el Senado. De ambas propuestas ninguna prosperó: la primera fue desechada en 2011, la segunda concluida en 2018.
En la Ley General de Víctimas, publicada en enero de 2013, el desplazamiento interno es reconocido después de diversas adiciones y reformas, considerando a las personas en esta situación un “grupo expuesto a mayor riesgo” para recibir la atención inmediata, apoyos económicos y otras medidas como alojamiento y alimentación que estipula la ley.
Pero evitar el desplazamiento y atender el problema de fondo parece no existir en la agenda de ningún grupo político, o al menos no en la de los candidatos presidenciales. Ninguno se ha pronunciado a favor de derogar la Ley de Seguridad Interior, la cual legalizó la militarización de la seguridad pública y la presencia del Ejército en las calles de manera indefinida.
Además, la legislatura saliente del Congreso deja pendientes la iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno, en Cámara de Diputados, y otra propuesta de Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno en el Senado.
Adriana, junto con su familia, sí se considera víctima de la violencia en México. Sin embargo, dice que no le interesa acercarse a la CEAV porque desconfía de que puedan protegerlos. “El gobierno es muy cabrón”, remata y añade que prefiere comenzar de cero y olvidarse de pedir ayuda a un Estado que en principio fue el ente que no pudo garantizar su seguridad.
¿Quién se hace cargo?
En 2017, la CMDPDH registró 25 episodios de desplazamiento forzado masivo en México, lo que significó que 20 mil 390 personas huyeron de sus hogares por distintas causas: ataques armados a la población civil, enfrentamientos entre criminales y agentes del Estado, desalojos por personas armadas y temor fundado ante violencia entre grupos delincuenciales, entre las más recurrentes.
De los 25 eventos referidos, 19 sucedieron en comunidades rurales y el resto en localidades urbanas. Los estados de mayor desplazamiento forzado fueron Chiapas (30 por ciento), Guerrero (29 por ciento) y Sinaloa (15 por ciento). Seis de cada 10 desplazados en 2017 son indígenas.
Sobre el destino al que llegaron, el 24 por ciento de las personas desplazadas se mantuvieron en el mismo municipio; 24 por ciento no identificaron hacia dónde huyó; 16 por ciento permaneció en el mismo estado; y el ocho por ciento huyó a otra entidad federativa. Querétaro es uno de los estados que mayor número de desplazados internos forzados recibe, de acuerdo con Brenda Pérez. Adriana, quien trabaja en un hotel como ama de llaves, calcula que el 80 por ciento de sus compañeros de trabajo no son originarios de ahí y salieron de sus hogares anteriores, igual que ella, porque las condiciones de seguridad se deterioraron hasta hacerlos inhabitables.
La CMDPDH también pudo determinar que, después del desplazamiento forzado, alrededor de cuatro mil 800 personas pudieron regresar a sus hogares. Mientras, más de 15 mil continúan desplazados en territorio mexicano.
En principio, la CMDPDH comenzó la documentación con la idea de generar un registro de la migración interna a partir de la estrategia de combate al crimen organizado iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón. Sin embargo, a la larga su ejercicio rebeló que el desplazamiento interno forzado actual tiene una lógica multicausal: las llamadas violencias estructurales, conflictos comunitarios antiguos y la fallida política de seguridad se entrecruzan, explica Brenda.
Lo que evidencian los desplazamientos, apunta el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México” de la CMDPDH, es la “ausencia de instituciones de seguridad pública efectivas” en todos los niveles. Por si fuera poco, la colusión y participación de soldados y policías en los eventos violentos también son causantes de los desplazamientos.