En la Ciudad de México 262 mujeres fueron asesinadas de manera violenta durante el último año. Pese a la urgencia de detener los feminicidios, la coyuntura electoral retrasó la solicitud de declarar la Alerta de Violencia de Género en la capital del país
CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 26 de marzo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de la Ciudad de México un informe que analiza la violencia de género en la localidad. Dicho documento, que forma parte del proceso para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital del país, estaba listo desde enero. Pero los acomodos electorales y la renuncia del jefe gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, atrasaron todo.
La declaratoria de AVG es un trámite iniciado por organizaciones civiles para señalar la crisis de la violencia de género contra las mujeres ante el gobierno de la entidad.
La primera parte de la AVG es la solicitud. En el caso de la CDMX, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, Justicia Pro Persona y el Observatorio Nacional del Feminicidio la entregaron en septiembre de 2017; se formó entonces un grupo de trabajo para realizar el informe que analiza la situación de las mujeres en la Ciudad de México; el documento fue presentado en diciembre a la Conavim, encargada de revisarlo y entregarlo al gobierno local. Tres meses más tarde —tras la presión de las organizaciones—, la Conavim finalmente lo entregó a la administración capitalina.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tenía 15 días para aceptar o rechazar las recomendaciones para combatir la violencia feminicida en la capital, en donde 262 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en el último año. Sin embargo, Mancera renunció tres días después, durante periodo vacacional. Quien aceptó las conclusiones fue el encargado de despacho, José Ramón Amieva Gálvez, el dos de abril.
“El interés de haber presentado la alerta de género tiene que ver con la impunidad, con la urgencia, con el dolor de las víctimas, con la gravedad del problema desde la perspectiva de derechos humanos; esto va más allá de la condición política que pueda estar atravesando la administración en turno”, dijo Nayeli Ortiz Quintero, directora de Justicia Pro Persona, organización solicitante.
Lo evidente es que las campañas electorales interfirieron en el proceso de declaratoria de AVG en la ciudad desde que se solicitó. Ahora, el gobierno saliente aceptó una serie de recomendaciones que deberá cumplir en seis meses, durante las campañas más complicadas de la historia del país y la transición administrativa en la ciudad. (El primero de julio, además de presidente de la República, senadores y diputados federales, los habitantes de la capital elegirán nuevo mandatario, diputados del Congreso local, alcaldes y concejales en las 16 delegaciones).
La coyuntura electoral detuvo durante meses un mecanismo que, a decir de las organizaciones que piden la alerta, debería ser de urgencia. En ese lapso, la violencia feminicida en la ciudad continuó repuntando. Sólo en enero de 2018, la Procuraduría General de Justicia inició tres investigaciones por el delito de feminicidio: una en Iztacalco, una en Tláhuac y otra en Tlalpan, según información solicitada por transparencia.
Los motivos de la solicitud
“K. J. S. G. fue asesinada en un hotel en junio de 2012, fue encontrada desnuda sobre la cama, con un golpe en la cabeza y con signos de asfixia; en el lugar se encontraron condones y su ropa dentro del excusado de la habitación. A pesar de los hallazgos, para la PGJ del entonces Distrito Federal no había elementos para considerar los hechos como un feminicidio. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia se negó a considerar la acreditación de las razones de género…”, relatan las organizaciones peticionarias de la AVG para la Ciudad de México. Con casos concretos, narran la resistencia sistemática de las instituciones de procuración y administración de justicia para reconocer, investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios.
Dentro de los hechos que plantean están: omisiones y actos de negligencia en las investigaciones, violaciones de la debida diligencia, inobservancia del Protocolo de Feminicidio, la inadecuada atención a las víctimas y la revictimización; así como la desaparición de niñas y mujeres, posiblemente relacionada a la trata de personas. Como columna vertebral de los señalamientos está la impunidad de los delitos en contra de mujeres.
Para Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM y miembro del grupo de trabajo formado para realizar el informe derivado de la solicitud, sólo la petición de la alerta de género es una acusación al gobierno de que no está haciendo bien su trabajo. Si la alerta se considerara desde que se solicita, la violencia feminicida podría comenzar a atacarse en ese momento, reflexionaba Hernández, en diciembre de 2017.
Ese mes, el grupo de trabajo entregó el informe a la Conavim. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este documento debe señalar objetivamente la necesidad de una declaratoria de alerta y plantear recomendaciones para combatir la violencia feminicida en la ciudad.
Todo este proceso se resume en el reconocimiento de que existe violencia institucional contra las mujeres y, a veces, voluntad para erradicarla, explicó Hernández. Es por ello que es tan difícil que los gobiernos simplemente lo admitan.
“Tendría que ser un mecanismo excepcional, un mecanismo de alerta que echara a andar a las instituciones aletargadas”, dijo. No podría prever que meses después —con el informe terminado y revisado desde enero— la maquina continúa detenida.
El retraso de Conavim
20 de marzo de 2018. Han pasado 194 días desde la solicitud, y miembros independientes del grupo de trabajo, así como las organizaciones peticionarias de la AVG para la Ciudad de México, continúan a la espera de que Conavim entregue el informe a Mancera.
Iris Santillán Ramírez, académica e investigadora de la UAM, forma parte del grupo de trabajo que investigó, analizó y redactó el informe de la situación de violencia contra las mujeres en la ciudad. La creación de este grupo es el primer paso que establece la legislación cuando se presenta una solicitud de alerta de género. Se integra por dos representantes de Inmujeres (una federal y otra local), uno de la Conavim, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuatro académicos o investigadores (dos locales y dos nacionales).
Santillán opina que la convocatoria para formar el grupo fue presurosa. Luego, hubo que cuestionar la metodología de investigación.
“Nos dieron una serie de instituciones a visitar, por ejemplo, clínicas, pero no programaron visitas al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), a la Agencia Especializada en feminicidio, a tribunales, que son gran parte del problema”, cuenta.
El grupo tuvo 30 días para realizar el informe y conclusiones. Para ello, la ley establece que pueden solicitar —a través de Conavim— documentación y cualquier tipo de información a autoridades federales y locales.
En diciembre, la investigación estuvo lista y fue entregada a la Conavim, que primero pospuso la entrega del documento al jefe de gobierno por el periodo vacacional; luego, por el cambio de secretario de gobernación, y después, por el cambio de la titular de la propia comisión.
En enero de 2018, Ángela Quiroga Quiroga llegó a la Conavim después de haber sido fiscal de Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. Activistas y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres rechazaron el nombramiento porque, argumentaron, Quiroga evidenció “una ausencia grave de compromiso con la perspectiva de género para el acceso de las mujeres a la justicia”.
Más de un mes después de asumir el cargo, en febrero, Quiroga citó a los investigadores, miembros del grupo de trabajo de la AVG en la ciudad. Aleida Hernández, Iris Santillán y Marta Torres Falcón acudieron juntas.
En la reunión, relató Santillán, la comisionada les dijo que necesitaba “empaparse” del tema antes de enviar el informe; luego vinieron correcciones que, de nuevo, retrasaron su entrega. Este procedimiento es legal y, a decir de Santillán, la revisión de Conavim mejoró el documento.
El reglamento estable que el grupo de trabajo tiene un mes para terminar el informe, pero no dice el tiempo en que Conavim debe notificar al ejecutivo del estado, coincide Selene González Luján, del Centro Fray Francisco Vitoria. Sin embargo, añade, las peticionarias se reunieron en dos ocasiones con Quiroga para hacerle saber la urgencia de agilizar el proceso, lo cual no sucedió.
Este y otros obstáculos de las declaratorias de AVG fueron señalados en el conversatorio nacional, realizado en enero de 2017. Reseñado como un vacío legal, Amnistía Internacional apunta: “Ha habido casos que complejizan el proceso de implementación [de la AVG] cuando este periodo se lleva a cabo a la par de los cambios de gobierno estatal y municipal —elecciones—“.
Las consecuencias
Quizá como un acto simbólico, Aleida Hernández esperaba la publicación del informe antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Existía el rumor de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, renunciaría en los últimos días de febrero para aspirar al cargo de senador por el Frente integrado por PAN y PRD. Pero Mancera renunció hasta el 29 de marzo, durante el periodo vacacional.
La publicación del informe sucedió tres días antes, pero el reglamento establece 15 días para que el gobierno local acepte o rechace el documento y sus conclusiones. La decisión, entonces, quedó a cargo del jefe de gobierno interino, José Ramón Amieva, quien aceptó las recomendaciones, a cumplir en seis meses (en caso de que no suceda, la Segob podría declarar AVG en la capital).
Entre los señalamientos destacan:
-El incumplimiento de la NOM-046 para la prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que tiene como principal consecuencia que no haya aviso al Ministerio Público en los casos de mujeres y niñas víctimas de violencia atendidas en urgencias hospitalarias.
-La falta de transparencia institucional y acceso a la información y estadística de violencia de género.
-La poca capacidad de los juzgados para resolver casos de violencia familiar y el desconocimiento técnico del tipo penal de feminicidio por parte de jueces en la ciudad.
-La desarticulación de instituciones para la atención de la violencia contra las mujeres.
-Las fallas en el procedimiento de investigación forense de feminicidios provocadas por la segmentación de la investigación entre varias instituciones.
-La falta de control y verificación administrativo en establecimientos mercantiles como moteles y hoteles en donde se comete violencia extrema contra mujeres y niñas, incluyendo la trata de personas.
-La concentración de la violencia contra las mujeres en las delegaciones: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztapalapa; en Milpa Alta el mayor número de atención a mujeres por lesiones y violencia.
-La fiscalía de delitos sexuales no tiene un protocolo de actuación, lo que provoca que las víctimas pasen por varias entrevistas y revivan las agresiones.
-Laxitud del artículo 200 del Código Penal que permite que delitos graves como violación, lesiones o tentativa de feminicidio se juzguen como violencia familiar.
Mientras el retraso de la entrega del informe por parte de Conavim evitó que Mancera lo aceptara o rechazara como jefe de gobierno, los cambios administrativos que implican las elecciones de 2018 en México podría seguir atrasando el cumplimiento de las recomendaciones.