En México hay más de 300 mil personas desplazadas de manera forzada desde el 2006. ¿Cuántos de ellos no pudieron votar en las casillas especiales?
Carlos Manuel Juárez y Daniela Rea
Fotografía: Agencia Cuartoscuro
La falta de boletas en las casillas especiales fue una de las quejas de los electores durante la jornada electoral de este domingo. El Instituto Nacional Electoral (INE) destinó 889 mil 500 papeletas para los electores que no estuvieron este primero de julio en su lugar de residencia, cantidad que fue insuficiente a nivel nacional.
El desplazamiento forzado podría ser una de las causas –además de la movilidad normal por trabajo, estudios o vacaciones- de la alta participación en casillas especiales. Un problema que, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, no es reconocido por los gobiernos y los políticos.
En México al menos 329 mil personas han sido desplazadas de manera forzada desde el año 2006, según un estudio realizado por la CMDPDH.
Brenda Pérez, coordinadora de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, señaló que el desplazamiento forzado es un “problema gravísimo, desdibujado de la agenda pública”.
En la casilla especial de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, las boletas se terminaron a las 14:00 horas del domingo. Más de 500 ciudadanas y ciudadanos que esperaban su turno no pudieron sufragar.
Por ser víctimas de la violencia o por el temor de sufrir secuestros, extorsiones o asesinatos, al menos 35 mil 682 tamaulipecos que vivían en 18 municipios fueron desplazados por el crimen organizado de 2006 a 2015, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Votantes que tuvieron que salir de su localidad en Tamaulipas a causa de la violencia fueron algunos de los afectados por la falta de boletas en las casillas especiales.
“Cómo es posible que inviten a votar y cuando la gente viene a votar ahora dicen 750 boletas y se corta, deben tener 750, mil, mil 500 las que se ocupen. Es una inconformidad por la logística del INE”, reclamó un votante que no quiso dar su nombre.
Para otra señora, que también pide anonimato, la operación de las casillas especiales, dijo, “es una ridiculez, es un ridículo que tengan 750 boletas, cuando deberían tener 7 mil porque somos demasiada gente”.
En medio del reclamo en el mismo sitio de la capital tamaulipeca, el señor propuso al funcionario de casilla: “¿por qué no convocas mañana la gente a cierta parte para que el INE se de cuenta de los que nos quedamos sin votar?”.
La atención especial para los desplazados por violencia solamente ocurrió en una casilla especial instalada en el municipio indígena de Chenalhó, Chiapas. El 26 de mayo de 2016, un grupo de hombres armados ingresó a la comunidad citada, por un conflicto de territorios, y agredió con piedras, palos y armas, a los habitantes del lugar con la finalidad de que abandonaran sus hogares.
Empero, el INE no contempló a los desplazados hasta que estos demandaron un espacio donde votaran y no corrieran peligro de muerte. Los indígenas solicitaron la casilla y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó responder a la petición. Por ello, 111 desplazados votaron en la casilla ubicada en el campamento instalado en San Cristóbal de las Casas.
Tan solo en el 2017 la organización registró 25 episodios de desplazamientos masivos que sumaron 20 mil personas afectadas. Por desplazamiento masivo se reconoce aquellos en los que se movilizan más de 50 personas o más de 10 familias. Las causas registradas en el estudio son violencia, conflictos comunales, territoriales (incluidos aquellos por extractivismo) y religiosos.
“No tenemos información oficial para saber qué pasa con estos territorios en donde la población suele ser desplazada, qué pasa con estos territorios vaciados. Qué tanto se pueden llevar a cabo comicios cuando tienes el caso de la mayor parte de tu población está desplazada”, dice Brenda Pérez, en entrevista.
La investigadora da el ejemplo de Sinaloa, donde varias comunidades serranas fueron vaciadas por el desplazamiento forzado.
“Son comunidades en donde más del 75 por ciento de la población no vive ahí, tuvo que irse. Estas localidades quedan con un porcentaje muy pequeño de población y nos parece preocupante que pueda llevarse un ejercicio electoral, sobre todo cuando no hay un proceso de legitimidad de representantes”.
La investigación que hizo la CMDPDH en Sinaloa les permitió ver que las personas que fueron desplazadas de la zona serrana se reubicaron en otros municipios de la entidad y fueron invitados a votar por algún partido político, con la promesa de proveerles de casa, de beneficios “y claramente esto no se ha dado, los desplazados son usados políticamente”.
Sandra Pérez consideró que, en el contexto electoral, se debieron realizar estrategias para garantizarles el derecho al voto.
